Alfredo Estrella
Minatitlán, Ver.— Un juez de Control del Distrito Judicial de Minatitlán vinculó a proceso a Gilbardo «N», de 53 años de edad, por su presunta responsabilidad en los delitos de detentación de vehículo con reporte de robo y usurpación de funciones, luego de que presuntamente se hiciera pasar por trabajador de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
De acuerdo con un comunicado emitido por la propia Fiscalía, el imputado fue detenido cuando circulaba sobre el bulevar Instituto Tecnológico, entre las avenidas Justo Sierra y Berlín, en la colonia Nueva Mina, a bordo de una camioneta Honda CR-V, modelo 2023, la cual contaba con reporte de robo.
La movilización policial se originó tras una alerta emitida por el Centro de Comando (C2), que detectó la circulación de la unidad. Al ser interceptado por los elementos de seguridad, el conductor presentó una credencial con la que se identificó como abogado adscrito al XXI Distrito Judicial de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, tras verificar la información, las autoridades establecieron que el hombre no forma parte de la plantilla laboral de la institución, por lo que fue detenido como probable responsable del delito de usurpación de funciones.
De acuerdo con la información oficial, la camioneta portaba además logotipos e insignias de la Fiscalía General del Estado, lo que reforzó las investigaciones en torno al uso indebido de la imagen institucional.
La FGE informó que Gilbardo «N», originario del estado de Campeche, es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Durante la audiencia inicial celebrada este jueves, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.
Posteriormente, el imputado fue trasladado al Centro de Reinserción Social Duport Ostión, en Coatzacoalcos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
La Fiscalía General del Estado reiteró que el proceso penal continúa en curso y que será la autoridad jurisdiccional la que determine la responsabilidad legal del imputado conforme avance el procedimiento.