Alfredo Estrella/ Chinameca, Veracruz.
La administración municipal de Chinameca, encabezada por Santiago Cortés Padua, transita sus primeros meses envuelta en señalamientos graves que no solo cuestionan su capacidad de gobernar, sino que la colocan en el centro de una posible crisis legal, social y política.
Hoy, el municipio no solo enfrenta abandono institucional, sino una acusación que ha encendido la indignación ciudadana: la presunta incitación al despojo.
De acuerdo con testimonios de afectados —quienes han preferido guardar el anonimato por temor a represalias— el propio alcalde habría convocado a personas sin vivienda para ocupar inmuebles en el predio “El Arenal”, ubicado en la comunidad de Chapopote.
Viviendas que no están abandonadas, sino que cuentan con propietarios legítimos, muchas de ellas incluso amuebladas, cuyos dueños se encuentran trabajando fuera de la ciudad o del estado.
El argumento, según señalan, raya en lo absurdo y lo peligroso: que las casas “fueron hechas para ser habitadas”. Una narrativa que, de confirmarse, no sólo violenta el estado de derecho, sino que abre la puerta a la normalización de la invasión a la propiedad privada.
Y lo más grave: no se trata únicamente de ocupación ilegal.
También existen denuncias de saqueo. Bienes muebles habrían sido sustraídos, generando pérdidas económicas de miles de pesos para familias que hoy, además de la incertidumbre, enfrentan el despojo de su patrimonio.
Este escenario revive episodios del pasado.
Durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, en Chinameca, se impulsaron reubicaciones de familias damnificadas, especialmente tras el paso del huracán Karl en 2010.
Sin embargo, aquellas acciones, aunque polémicas, respondían a contextos de emergencia.
Lo que hoy ocurre en Chinameca dista de ser una política social estructurada: parece más bien una decisión unilateral, sin sustento legal claro y con tintes de irresponsabilidad política.
Pero el desorden no termina ahí.
En paralelo, surge otro señalamiento que huele a acuerdo en lo “oscurito”. Durante la administración pasada del ex alcalde Ramiro Alemán; el Ayuntamiento ganó un litigio contra la empresa SEMIDEG, propiedad de Juan Carlos Salomón -sobrino de un ex alcalde-, por más de 13 millones de pesos por concepto de uso de suelo.
Hoy, ese triunfo legal parece diluirse.
Versiones apuntan a que el actual alcalde habría pactado —presuntamente con el exalcalde Víctor Salomón— un “arreglo” para que la empresa pague apenas 5 millones de pesos.
Una reducción millonaria que, según denuncias, habría sido entregada en efectivo, sin claridad administrativa ni comprobantes oficiales.
Si esto se confirma, no solo se trataría de un daño patrimonial al municipio, sino de un caso que debería encender las alertas del ORFIS y del SAT.
Mientras tanto, Chinameca se hunde en la oscuridad… literalmente.
Colonias enteras permanecen en penumbras por el deficiente servicio de alumbrado público.
Las calles oscuras se han convertido en un factor de inseguridad constante, afectando la movilidad y la tranquilidad de las familias.
A esto se suma la suciedad en espacios públicos, la falta de mantenimiento urbano y la ausencia de programas permanentes de limpieza.
No hay obra pública visible. No hay rumbo. No hay resultados.
Y como si fuera poco, el vacío institucional se profundiza con la falta de rendición de cuentas.
A más de 100 días de gobierno, el alcalde no ha presentado su informe correspondiente, y apenas ha realizado una sola sesión de cabildo. Un hecho que refuerza la percepción de parálisis administrativa.
En la calle, la narrativa es clara y contundente: Chinameca no está siendo gobernado. O peor aún, estaría siendo dirigido desde las sombras por personajes como Omar Luna, de quien ciudadanos refieren una reputación cuestionable.
La administración de Santiago Cortés Padua comienza a ser identificada no por obras, ni por resultados, sino por el “festejo y el béisbol”.
Un gobierno que, para muchos, ha preferido el espectáculo antes que la responsabilidad.
Hoy, Chinameca no solo exige respuestas. Exige legalidad, orden y un alto inmediato a decisiones que, de confirmarse, podrían constituir delitos graves.
Porque gobernar no es invitar al despojo. Gobernar es garantizar justicia social.
REFERENCIA DE LA LLEGADA DE «CHAGO» AL PODER POR ACCIDENTE.
El alcalde de Chinameca, Veracruz, Santiago Cortés Padua, emanado del PRI, llegó al poder en medio del hartazgo ciudadano provocado por la administración del morenista Ramiro Alemán.
El voto de castigo también tuvo como objetivo frenar la llegada a la alcaldía del exdelegado de Tránsito de Minatitlán, Jesús Fernández Céspedes, conocido como el “doctor”, y esposo de la diputada de Morena Magaly Armenta Oliveros.
Sin embargo, a pocos meses de iniciada la actual administración, comienza a cobrar fuerza entre la ciudadanía una percepción cada vez más generalizada: que la solución terminó siendo peor que el problema.
Como reza el dicho popular, “salió peor el remedio que la enfermedad”.