Una fuerte denuncia ciudadana ha comenzado a circular en redes sociales, luego de que una persona identificada como Frida Colonna señalara públicamente un presunto caso de abuso de autoridad cometido por elementos de la Policía Estatal de Veracruz.
De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron cuando su hermano, un menor de edad, se dirigía a participar en un viacrucis. En el trayecto, fue interceptado por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, quienes viajaban en la patrulla con número económico 40-043.
La denunciante asegura que, tras una revisión en la que no se le encontró nada ilícito, los oficiales presuntamente le retiraron su teléfono celular. Al reclamar, el menor habría sido sometido, subido a la unidad y trasladado a una zona apartada.
Según la versión difundida, el joven fue golpeado, obligado a arrodillarse y amenazado de muerte. Además, uno de los oficiales le habría mostrado una bolsita con polvo blanco, advirtiéndole que podrían “sembrársela” para incriminarlo. Posteriormente, el menor fue abandonado frente a una carnicería, lesionado y sin su pertenencia.
El adolescente logró caminar hasta el punto donde lo esperaban para participar en la representación religiosa; sin embargo, debido a su estado físico y emocional, no pudo integrarse a la actividad.
La familia informó que ya se interpuso la denuncia correspondiente y que acudieron al cuartel de la policía estatal, donde —según relatan— inicialmente se intentó desacreditar al menor. Más tarde, otro elemento reconoció que la patrulla señalada sí correspondía a los oficiales, limitándose a decir: “si quiere siga con su denuncia a ver qué pasa”.
Ante estos hechos, la denunciante responsabilizó directamente a los elementos involucrados por cualquier situación que pudiera ocurrirle al menor, destacando que los policías están plenamente identificados, ya que no portaban capucha.
Asimismo, el caso ha sido dirigido a autoridades estatales y municipales, incluyendo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como a los alcaldes Raúl David Salomón García y Jesús Manuel Garduza Salcedo, con la finalidad de que se investigue y se garantice justicia.
Este caso ha generado indignación en la ciudadanía, que exige una investigación transparente y el castigo a los responsables en caso de confirmarse los hechos.