Alfredo Estrella
Minatitlán, Veracruz
El desempeño de los servidores públicos no solo se mide por sus discursos, sino por la congruencia entre su encargo y sus acciones.
En este contexto, el regidor octavo del Ayuntamiento de Minatitlán, Juan Antonio Tena Galván, emanado de Movimiento Ciudadano (MC), se encuentra en el centro de la crítica ciudadana tras ser señalado por acudir a un gimnasio en pleno horario laboral.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el funcionario fue visto el lunes 13 de febrero alrededor de las 10:00 horas en un gimnasio de cadena nacional, en un momento en que, por la naturaleza de su cargo, debería estar atendiendo responsabilidades públicas.
Este hecho generó inconformidad entre ciudadanos, quienes cuestionaron el uso del tiempo laboral por parte de un servidor público con responsabilidades en áreas sensibles como Educación y Turismo.
Más allá de la actividad en sí, lo que subyace es un tema de fondo: la percepción de compromiso.
Un regidor no solo representa una figura administrativa, sino un enlace directo con la ciudadanía, obligado a responder con presencia, gestión y resultados, particularmente cuando se trata de un cargo que, según reportes, percibe ingresos superiores a los 80 mil pesos mensuales.
A este escenario se suma otro elemento que alimenta el debate público: las aspiraciones políticas anticipadas de Juan Antonio Tena Galván, quien ha intensificado su actividad en redes sociales con miras a una posible candidatura a la diputación local.
Sin embargo, en los corrillos políticos se advierte que la exposición mediática no sustituye la construcción de estructura ni el respaldo ciudadano real.
Asimismo, ha generado cuestionamientos la información disponible en el Registro Nacional de Profesiones, donde —según revisiones realizadas— no se localiza la cédula profesional correspondiente al título de Licenciado en Comercio Internacional que el propio funcionario refiere ostentar.
Este señalamiento, de ser aclarado, resulta fundamental para abonar a la transparencia y credibilidad en el ejercicio del servicio público.
En un momento donde la ciudadanía exige mayor ética, responsabilidad y preparación de sus representantes, casos como este obligan a una reflexión profunda: ¿están los servidores públicos a la altura del encargo que se les ha conferido?
La función pública no admite medias tintas. La congruencia, la rendición de cuentas y el respeto al tiempo institucional no son opcionales, sino principios básicos que deben regir el actuar de quienes hoy tienen en sus manos la confianza de la sociedad.
